Créditos Foto: Naciones Unidas
En 2009, una comunidad sudanesa de Tuti Island decidió abandonar la práctica de la ablación o mutilación genital femenina. Esta comunidad de apenas 21.000 habitantes se convirtió en pionera de un movimiento que empezó a extenderse por todo el país y al que se fueron adhiriendo otras, hasta alcanzar más del millar.
Esta transformación de las comunidades locales de Sudán hay que analizarlo desde la perspectiva de ser uno de los países con mayor tasa de mutilación genital femenina: según Naciones Unidas, el 87% de mujeres entre 15 y 49 años la ha sufrido. Por tanto, esta implicación por parte de la sociedad para acabar con esta forma de violencia contra la mujer, fue un hecho fundamental y vital para el futuro de las mujeres sudanesas.
La semana pasada, el nuevo Gobierno de Sudán penalizó la mutilación genital femenina con hasta tres años de cárcel y una multa, recogiendo las peticiones de las comunidades desde hace años. En un país donde la religión tiene un arraigo tan importante y que, de hecho, sus líderes más conservadores consiguieron detener un intento de penalización en 2016, esta medida es todo un hito para Sudán.
Esta ley brinda la posibilidad a las madres de decir “no” cuando se plantee la ablación de sus hijas. Por fin consiguen un respaldo legal y un apoyo a su decisión, aspecto que no encontraban por el momento. Pero esta ley deberá venir acompañada de otras medidas sociales, de concienciación, no vale sólo con ampararse en la legislación para pensar que se ha acabado con la ablación en Sudán. En países como Egipto, Etiopía o Indonesia la ablación está prohibida por ley pero se sigue realizando de manera clandestina.
El Gobierno de Sudán ha hecho historia aprobando una ley que hace años parecía impensable. Es un paso, muy importante, pero sólo el primer paso. Aún queda camino por recorrer, se ha sentado una base y al menos, ahora, quienes la practiquen saben que habrá consecuencias.
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